La polémica del momento en Colombia tiene que ver con el nombramiento del abogado Jorge Tovar Vélez, hijo del desmovilizado jefe paramilitar “Jorge 40”, como director de víctimas del Ministerio del Interior. La verdad es que se trata de una discusión vana, cuyos promotores caen en una profunda contradicción.

Tovar no tiene antecedentes judiciales, no hizo parte de las autodefensas ilegales y tiene experiencia profesional probada y una amplia formación profesional. El joven abogado ya se venía desempeñando dentro del Ministerio del Interior y había trabajado con la Organización Internacional para las Migraciones. Pese a ello, algunos sectores políticos y de la opinión pública consideran que ser hijo de un exjefe de las autodefensas lo inhabilita para ocupar el cargo en el que fue nombrado, como si en Colombia existiera el delito de sangre y, además, sostienen que el caso confirma la afinidad ideológica del Gobierno Nacional con el paramilitarismo.

Lo paradójico es que quienes hilan así de delgado son los principales defensores de que los excabecillas de las Farc, ocupen curules en el Congreso de la República. ¿Por qué descalifican a un joven profesional por los delitos que cometió su padre y aplauden a quienes fueron los determinadores de crímenes tanto o más graves que cometidos por “Jorge 40”?

Ese tipo de posiciones, cegadas por los sesgos ideológicos, impiden que en Colombia haya una verdadera reconciliación; pues cada extremo del espectro político valida sólo la reconciliación con quienes coinciden con su pensamiento y sataniza las demás.

En diferentes momentos el Estado colombiano ha realizado negociaciones con actores armados de diferente naturaleza, ninguna perfecta, pero han sido esfuerzos por alcanzar la esquiva paz, afectada por posiciones fanáticas como la de quienes vetan a un profesional por ser hijo de un criminal.

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