El hallazgo de casquillos de pistola y papas explosivas al interior de la Universidad del Valle durante el operativo realizado por la Policía Metropolitana de Cali, confirma que el ingreso de la Fuerza Pública al alma máter tras el asesinato de un policía, que cayó víctima de balas disparadas por encapuchados en las revueltas del pasado viernes, está más que justificado.

Por mucho tiempo se ha debatido sobre la conveniencia del ingreso de la Policía al campus universitario ante los desmanes protagonizados por revoltosos que han sobrepasado los límites de la protesta, pues hay quienes, de manera errada, consideran que la presencia de la Fuerza Pública en el claustro va en contravía de la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria tiene que ver con la libertad de pensamiento y con la independencia académica de las instituciones de educación superior, para que puedan adelantar su labor formativa, sin incidencia religiosa ni política, nada tiene que ver este concepto con un límite territorial que impida el ingreso de las autoridades cuando, como en el caso de Univalle, se requiere su presencia.

Los hechos del pasado viernes y los operativos ordenados por el gobernador Ubeimar Delgado confirman que quienes históricamente se han opuesto al ingreso de la Policía a la Universidad del Valle, de una u otra forma, han favorecido la permanencia en la institución de criminales infiltrados entre la población estudiantil, y que los argumentos de quienes se oponen a que la Fuerza Pública entre al campus son inválidos ante el grave peligro que representan los encapuchados para toda la comunidad universitaria y para la ciudadanía.

Una comunidad universitaria compuesta por 27 mil personas que son ejemplo nacional por su calidad académica, no puede seguir siendo amenazada por una minoría destructiva, por eso, además de que se permita la presencia de la Fuerza Pública dentro de la universidad cada vez que se requiera, es necesario que el cuerpo docente, administrativo y, sobre todo, el estudiantado, rechacen públicamente a los encapuchados y ejerzan una sanción social sobre ellos.

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