Sin duda, comprar aviones de combate y cambiar los uniformes de la Policía no es una buena idea en medio de la crisis económica y social que vive Colombia por cuenta de la pandemia del covid-19.

Las aeronaves que planea adquirir el Gobierno Nacional cuestan 4.000 mil millones de dólares y, aunque no se ha dicho cuánto costará cambiar el atuendo de casi 170 mil policías, no es difícil suponer que será una cifra tasada en miles de millones.

El debate sobre la oportunidad de estos gastos es válido, pues si bien por un lado se sostiene que sería mucho más útil para el país destinar estos recursos a la reactivación e inyectarlos a la economía, lo cual es válido, por el otro lado se argumenta que, si de reforzar la seguridad se trata, resultaría, entonces, mucho más útil invertir en aumento de pie de fuerza policial y en mejorar la dotación para que la falta de equipos, motos y hasta gasolina no siga siendo excusa para justificar las limitaciones operativas en la lucha contra la delincuencia.

A la Policía hay que meterle plata, eso nadie lo discute, pero no en nuevos uniformes, eso no determina mayor capacidad de acción y efectividad.

Los habitantes de los grandes centros urbanos, como Bogotá, Cali y Medellín padecen el acoso de la delincuencia y, aunque las zonas de expendio de drogas y de mayor acción de los atracadores están identificadas, la poca operatividad policial juega en contra de los ciudadanos y a favor de los delincuentes, ¿por qué, entonces, no destinar estos recursos a inversiones que se reflejen en una mayor tranquilidad en las calles? Si de mejorar la imagen de la institución se trata, la mejor manera es darle seguridad a la gente.

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