Aunque desde la Casa de Nariño se diga otra cosa, es evidente que el proceso de paz está indefectiblemente ligado al proyecto reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos, por lo tanto, el afán por lograr un acuerdo con la guerrilla obedece más a la urgente necesidad del Gobierno Nacional de tener un resultado para mostrar y así mejorar su calificación y su imagen, que a un propósito de reconciliación.

Esto explica porqué los negociadores del Presidente han permanecido en la mesa de negociación pese a que la guerrilla, más allá de tener voceros en Cuba, no ha dado ninguna señal concreta, palpable e irrefutable de tener voluntad de paz.
Las Farc han negado el secuestro y el narcotráfico, han dicho que no piensan entregar las armas, no han reconocido a sus víctimas, y el Gobierno sigue ahí, dispuesto a firmar un acuerdo enmarcado en la impunidad, sin que los autores de masacres, desplazamientos, violaciones, despojos y terrorismo paguen al menos una pena simbólica por sus crímenes.

Dirán algunos que el aguante del Gobierno es voluntad de paz, pero no, es cálculo político, por eso, así como está dispuesto a suscribir un acuerdo en las condiciones dictadas por la guerrilla, ahora, ante el poco tiempo que le queda para lograrlo y ante la dilación por parte del grupo armado ilegal, evalúa qué le daría más réditos electorales: seguir o levantarse de la mesa.

Es claro que cancelar los diálogos con las Farc es lo más indicado y lo que cada día quieren más colombianos, pero esto no debe ser una acción motivada por el cálculo político, sino por la defensa de la soberanía, la institucionalidad y la democracia, que en vísperas de reelección, parece poco le importa al Gobierno.

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