El aumento de los secuestros en Colombia bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro es alarmante.

Según el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, basado en cifras de la Policía Nacional, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, se han registrado 616 secuestros, superando los 586 casos que ocurrieron durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque.

¿Cuál será el número de secuestros al final del gobierno Petro?
Este repunte de un flagelo que parecía controlado plantea serias preguntas sobre la efectividad de la política de “paz total” del actual gobierno y los riesgos que estas decisiones están generando para la seguridad de la ciudadanía.

La mal llamada “paz total” ha implicado concesiones peligrosas a los grupos armados ilegales. Los ceses “bilaterales”, como los firmados con el ELN, las disidencias de las Farc y otros grupos criminales, han limitado las operaciones de las Fuerzas Militares, permitiendo que los actores ilegales actúen con impunidad.

Estos ceses, que supuestamente buscan la paz, solo han sido respetados por el Estado, mientras los grupos ilegales aprovechan la falta de acción para continuar con sus actividades delictivas, entre ellas el secuestro.

Ceder ante el crimen organizado y permitir que grupos armados impongan sus condiciones bajo la falsa premisa de un diálogo sin compromisos claros de desarme y cese real de hostilidades, sólo ha debilitado al Estado y dejado a las comunidades vulnerables a su suerte.

Colombia no puede retroceder décadas en su lucha contra el secuestro y la violencia.

Es necesario que el gobierno reevalúe sus estrategias y adopte un enfoque más firme, que ponga como prioridad la defensa de los ciudadanos y no las concesiones a quienes siembran el terror.

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