El país se rasga las vestiduras por los grandes escándalos, pero deja de lado esas pequeñas corrupciones que hacen daño.

Según un informe presentado esta semana por Transparencia Colombia,  la mayoría de 167 instituciones analizadas (75 nacionales, todas las gobernaciones y todas las contralorías departamentales y 28 capitales de departamento) están en riesgo de corrupción alto y muy alto. El panorama, más que preocupante, es alarmante, porque la institución con más riesgo de corrupción, de acuerdo al citado estudio, es la Fiscalía General de la Nación, que, se supone, es una de las entidades encargadas de perseguir a los corruptos.

Al ver el sonado caso de un fiscal de alto rango que aceptó cargos por haber recibido un apartamento como pago por favorecer a un excongresista investigado, se concluye que el informe de Transparencia por Colombia no está muy lejos de la realidad.

La corrupción es un mal creciente en nuestro país, y parte de ese crecimiento se debe a que el grueso de los colombianos la ven como un fenómeno lejano, exclusivo de las instituciones públicas y de algunas del sector privado, sin reconocer que muchos ciudadanos del común en su vida cotidiana fomentan esta peste con malas prácticas que les parecen inofensivas.

Esto tiene que ver con la cultura de la viveza, esa que se basa en el aprovechamiento de las oportunidades, sean lícitas o no, para ganar siempre, para sacar ventaja, sin que importe el cómo ni a quién se afecte. Ejemplos hay por montón, desde el ciudadano que altera su medidor de agua o energía, pasando por aquellos que adulteran su información para acceder a subsidios y beneficios del Estado, hasta aquellos empleados que utilizan las dotaciones y herramientas de sus trabajos para asuntos particulares. Todo eso es corrupción.

Por eso es importante que cada ciudadano revise su actuar y condene cualquier práctica por fuera de la ética, sin que importe el monto del zarpazo, pues todo esto alimenta la cultura de la corrupción.

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