Acceder a las peticiones de la minga sería como reconocer un cogobierno por razones étnicas.

Si el Gobierno Nacional cede a las pretensiones de quienes, a nombre de las comunidades indígenas, tienen paralizado el suroccidente del país, sentará un peligroso precedente que puede estimular bloqueos a lo largo y ancho del país.

Al ver las exigencias de los voceros de los indígenas, más que pliegos de beneficios para sus comunidades, las peticiones parecen un acta de cogobierno, pues además de reclamar más tierra, apuntan a obtener facultades que no les corresponden y que sería un error otorgarles, pues convertirían los resguardos casi que en repúblicas independientes.

Los indígenas están pidiendo 20 mil hectáreas de tierra, todo un despropósito si se tiene en cuenta que de los 114 millones de hectáreas rurales que hay en Colombia, estas comunidades son dueñas de 31,6 millones, son propietarios del 27,6% de la tierra, aunque equivalen al 3.4% de la población nacional. En un país en el que hay casi 2.5 millones de familias sin casa, entregarles más terrenos a los indígenas, bajo el desgastado argumento de la propiedad ancestral, resulta completamente injustificable e inequitativo.

Pero si la exigencia insaciable de más y más tierra raya en el descaro, la pretensión de que las comunidades indígenas se constituyan en autoridad ambiental en sus territorios es inadmisible, es un tema que ni siquiera se debe discutir.

Si bien es cierto que en Colombia se debe hacer más por la protección de los recursos naturales, la regulación y el control del patrimonio ambiental deben ser facultad exclusiva del Estado.

Hay que cuidarse de convertir el respeto por las tradiciones de los indígenas en una excusa permanente para obtener privilegios del Estado y para desconocer la autoridad de éste, según les convenga.

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