Es como si el acuerdo con las Farc hubiera invertido algunos conceptos y valores.

Tres hechos ocurridos recientemente sugieren que a raíz del acuerdo con las Farc parece imponerse una nueva lógica en Colombia:

El 21 de octubre de 2001 las Farc perpetraron un atentado contra el gasoducto Ballenas – Barranquilla que dejó ocho personas muertas, una decena de heridos y numerosos daños en viviendas. Hace pocos días la justicia condenó a Promigás, empresa propietaria del ducto, y al Ministerio de Minas a pagar a los afectados indemnizaciones que suman $3.700, no a quienes idearon y ejecutaron el acto terrorista.

En este caso Promigás también es víctima, pero en la nueva lógica, pese a serlo, tendrá que reparar a otras víctimas, algo que debería hacer el victimario, que, paradógicamente, tiene dinero de sobra.

Allí viene el segundo hecho que nos lleva a pensar que se impone otra lógica. A raíz de la publicación de un informe que confirma que las Farc tienen una fortuna billonaria, el fiscal  Néstor Humberto Martínez ha sido tildado como “enemigo de la paz”. En la nueva lógica, lo malo es que se persiga el dinero que la guerrilla amasó durante años producto de delitos como extorsiones, despojos, narcotráfico y minería ilegal.

Y para completar, este fin de semana, a raíz de la captura de “Yimmi Ríos”, un guerrillero que fue dejado en libertad pocas horas depués, cuando se comprobó que tenía un salvoconducto, las Farc amenazaron con suspender la entrega de armas y se declararon víctimas de estigmatización.

En la nueva lógica los miembros de una organización dedicada al terrorismo, el secuestro y el narcotráfico deben ser vistos sin ninguna sospecha y no pueden ser requeridos por las autoridades.

El país debe cuidarse de caer en esa lógica perversa que invierte los valores, y que convierte a los victimarios en víctimas y en ciudadanos de primera categoría.

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