La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, que concluyó que hubo violación de los topes de financiación por más de $5.300 millones y omisiones en la declaración de fondos, es un grave golpe a la legitimidad del mandato presidencial.

Estas irregularidades, que incluyen la omisión de aportes significativos de organizaciones como Fecode y el Polo Democrático, revelan un patrón preocupante de manejo opaco de recursos durante la contienda electoral.

Hay que dejar claro que el CNE está cumpliendo con su deber al investigar estos hechos. Este tribunal tiene la responsabilidad de velar por la legalidad de los procesos electorales y garantizar que todos los candidatos, sin excepción, respeten las normas establecidas.

Por eso, la reacción del presidente Petro, al hablar de un supuesto “golpe blando”, es preocupante, pues envía un mensaje antidemocrático al país.

Victimizarse y sugerir que está siendo perseguido por su posición política es un intento peligroso de desviar la atención de las acusaciones concretas y fundamentadas que enfrenta.

No es la ideología del mandatario lo que está bajo escrutinio, sino las acciones específicas de su campaña, que parecen haber transgredido los límites legales en repetidas ocasiones.

Es alarmante pensar que, al hablar de un golpe blando, el presidente esté, de alguna manera, anticipándose a un fallo adverso o preparando el terreno para desconocer una eventual sanción.

Si el presidente Petro continúa por este camino, abonará el terreno para un verdadero golpe, pero no uno blando, sino uno dirigido por él mismo al Estado de derecho.

La democracia se fortalece cuando todos, especialmente los líderes, se someten a las mismas reglas y aceptan las consecuencias de sus actos.

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