La justicia de Brasil y la justicia de Perú le están dando una lección a justicia colombiana.

Mientras que en Brasil la justicia condenó al expresidente Luis Inacio Lula Da Silva a nueve años y medio de cárcel, y en Perú le impusieron 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala, en ambos casos por hechos de corrupción relacionados con el pago de sobornos de Odebrecht, en Colombia aún no ha pasado nada con los beneficiarios de los pagos ilícitos realizados por la constructora brasilera.

Pese a que la Fiscalía General de la Nación asegura tener las pruebas suficientes para concluir que Odebrecht asumió costos relacionados con las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 y remitió un informe por cada candidato  al Consejo Nacional Electoral, CNE, este tribunal sólo ha formulado pliegos contra la campaña del primero.

Lo anterior deja un mal sabor, pues lleva a pensar en un posible trato preferencial a Santos por ser el presidente de la República. A esto se suma la desidia del CNE frente al tema, pues por poco y deja vencer los términos para investigar a ambas campañas.

Lo que el país necesita es que se llegue a la verdad en ambos casos y, sobre todo, que se den las sanciones a las que haya lugar sin que importe quienes sean los afectados.

Si las financiaciones por debajo de la mesa a las dos campañas que se disputaron la Presidencia de la república hace cuatro años quedan en la impunidad, se le enviará un pésimo mensaje a los colombianos, una señal de que “aquí no pasa nada”, lo que se constituirá en un mensaje desmotivante a menos de diez meses de las elecciones presidenciales.

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