Urge activar un plan de contingencia para que los despachos judiciales no paren.

Muy graves resultan los resultados de la evaluación realizada a los ascensores del Palacio de Justicia de Cali, a través de las cual se estableció que no son seguros.

A raíz de esta valoración se tomó la decisión de cerrar el edificio hasta tanto no se cuente con nuevos elevadores de óptimas condiciones, para evitar que se repita una tragedia como la ocurrida el pasado 15 de agosto, cuando murieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas al desplomarse uno de los ascensores.

Obviamente no se puede poner en peligro a los visitantes y funcionarios del Palacio de Justicia, en las actuales condiciones la protección de la vida de los usuarios del edificio es prioridad, pero se deben buscar soluciones para que los despachos no paren, pues la compra e instalación de los elevadores puede tomar meses.

Con los niveles de congestión judicial y de impunidad que se dan en Cali, el cierre de este edificio, que concentra el mayor número de despachos judiciales de la ciudad, agrava estas condiciones.

Por lo tanto, es necesario activar un plan de contingencia que permita que, mientras se surte el proceso de compra e instalación de nuevos ascensores, las oficinas de la rama puedan funcionar en otros espacios, como se hizo cuando el Palacio de Justicia quedó fuera de funcionamiento por un atentado terrorista.

Lo preocupante es que la lentitud de los trámites en el sector público puede llevar a que terminen este año sin que haya ascensores nuevos en el Palacio de Justicia y, lo que es peor, sin que se haya activado el plan de contingencia para trasladar temporalmente los despachos. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura deben darle la mano a Cali con este tema.

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