La condena de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, generó debate sobre la proporcionalidad de las penas.

Sin embargo, su castigo no puede verse como un acto de persecución, sino como un mensaje de que la fama no exime de responsabilidad.

En una sociedad donde los influenciadores tienen gran impacto, sus acciones deben evaluarse con mayor rigor.

Justificar su conducta por su origen humilde es un argumento peligroso.

Barrera cometió delitos al vandalizar bienes públicos en un contexto de protesta.

Su alcance en redes sociales agrava la falta, pues normaliza actos ilegales ante millones de seguidores.

No sancionarla sería validar que la notoriedad permite evadir la justicia.

Además, los influenciadores deben entender que su responsabilidad va más allá del entretenimiento.

El argumento de que existen delitos más graves sin castigo no justifica la impunidad.

En lugar de señalar selectividad en la justicia, debe exigirse que todos los delitos sean castigados con igual severidad.

El problema no es que Epa Colombia haya recibido una pena, sino que otros responsables de corrupción no han sido sancionados.

La solución es fortalecer la justicia, no debilitarla.

Más preocupante aún es la intervención del presidente Gustavo Petro en su defensa.

Sus declaraciones atentan contra la independencia judicial y envían un mensaje equivocado a la sociedad.

Un jefe de Estado debe garantizar la aplicación de la ley sin distinción.

La protesta no puede ser excusa para destruir bienes públicos.

Es momento de reflexionar sobre el tipo de influencias que queremos para la sociedad.

La condena a Epa Colombia debe servir como un escarmiento para quienes usan su alcance digital sin responsabilidad.

Nadie debe estar por encima de la ley.

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