Ojalá el Gobierno y el Congreso estén a la altura de lo que el país necesita.

Tal vez ninguna de las reformas estructurales que debe sacar adelante Colombia es tan necesaria como la reforma a la justicia, pues del alto nivel de impunidad que hay país, que algunos calculan en más del 80%, se alimentan sus dos males más grandes: la violencia y la corrupción.

La certeza de que no habrá castigo o este será mínimo, es, a la larga, un estímulo para los delincuentes de todo tipo, desde el ladrón de poca monta hasta el gran corrupto saqueador del erario.

Por eso la reforma a la justicia debe apuntarle a una transformación que permita la depuración del sistema, que, además de ser administrado por personas idóneas, debe ser modernizado tanto en su estructura como en sus normas y procedimientos.

La gran pregunta es si nuestra clase política, que en gran medida se beneficia del mal funcionamiento de la justicia, está interesada en un cambio profundo o, si otra vez, la reforma será simplemente un lavado de fachada.

Si en verdad están interesados en transformar el sistema judicial para bien, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben, además de ajustar el modelo de justicia, dotarlo de los recursos y la infraestructura necesarios para que funcione bien, pues ni el mejor intencionado de los jueces podrá dar los resultados que el país requiere si le corresponde seguir al mismo tiempo hasta 400 casos.

En muchas ocasiones la impunidad está determinada por la incapacidad física de los despachos judiciales para atender el volumen de procesos que produce día a día un país tan convulsionado como el nuestro.

El reto es inmenso, y ojalá el Estado colombiano no sea inferior, pues sin una justicia transparente, oportuna y eficaz, la transformación que tanto anhelan los colombianos será imposible.

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