Los hechos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aumentaron la preocupación ante la impunidad que puede generar el sistema judicial nacido de las negociaciones entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

La primera preocupación tiene que ver con la decisión de darle amnistía a Marilú Ramírez Baquero, exguerrillera de las Farc que participó en el atentado terrorista contra la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, hecho perpetrado con un carrobomba que dejó a catorce estudiantes heridos en octubre de 2006.

El otro hecho que ha causado indignación es que la JEP ca-lificó como “retención” el secuestro de Íngrid Betancourt, mismo término utilizado por delegados de las Farc en la versión que rindieron en enero pasado sobre este caso, en el que, con un sinismo desconcertante, justificaron las humillaciones a las que fueron sometidos la excandidata presidencial y otras víctimas.

En su declaración ante la JEP, alias “Martín Sombra”, uno de los secuestradores de Betancourt, dijo que el “trato fue humanitario”, como si las cadenas al cuello, los ence-rramientos con alambres de púas y todas las humillaciones pudieran considerarse así.

Que los excabecillas de las Farc traten de justificar los abominables hechos que cometieron no debe sorprender, lo que sorprende e indigna es que la JEP valide estas acciones al considerar amnistiable un atentado terrorista contra un centro universitario, aunque éste pertenezca a las Fuerzas Militares, y que valide el lenguaje que los terroristas utilizan para disfrazar sus crímenes. Como van las cosas, no habrá verdad ni reparación, y sin estos elementos, será muy difícil que haya perdón y reconciliación. A eso no se le puede llamar justicia.

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