¿Por qué negarse a revisar puntos que, a la larga, pueden ser un estímulo al delito?

Lo que está ocurriendo con la ley estatutaria de la JEP es consecuencia de la terquedad de quienes negociaron el acuerdo con las Farc e hicieron caso omiso a los múltiples reparos que en su momento se plantearon a la creación de un sistema judicial ajustado completamente a la medida de los cabecillas del grupo armado ilegal.

Luego de ser aprobada por el Congreso de la República y recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz pasó a sanción presidencial, pero aún está en duda que el presidente Iván Duque la suscriba, pues en una carta enviada al Jefe de Estado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó serios reparos, entre ellos, que la entrada en vigencia de esta norma permitiría mantener los beneficios de la justicia transicional a los exguerrilleros que sigan delinquiendo.

El caso de alias “Jesús Santrich” parece validar las observaciones del Fiscal. El cabecilla de las Farc es requerido en Estados Unidos por supuestos delitos que habrían sido cometidos después de la firma del acuerdo de paz, lo que deja a la JEP sin competencia, pero, pese a esto, la jurisdicción especial se convirtió en una traba para el proceso de extradición.

De allí que no sean pocas las voces que le pidan al presidente Duque que objete la ley estatutaria de la JEP y que se dé trámite a una nueva norma que elimine los beneficios jurídicos para los exguerrilleros reincidentes.

Dejar a los responsables de delitos atroces sin castigo iba a traer consecuencias tarde o temprano.

Si los cabecillas de las Farc, hoy jefes políticos del partido que surgió de la guerrilla, en verdad tienen compromiso con la democracia, no deberían cerrarse a revisar los puntos cuestionados de la JEP.

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