En los dos primeros picos de la pandemia, tanto el Gobierno Nacional como las administraciones departamentales y locales adoptaron restricciones para disminuir la velocidad de transmisión del covid-19, fue así como se implementaron el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula, medidas que resultaron efectivas en la disminución de contagios, pero que ocasionaron gran afectación a la economía de todo el país.

Ahora, cuando no hemos salido del tercer pico, más largo, contagioso y mortal que los dos primeros, pues triplica en casos y muertes a los de agosto de 2020 y de enero de 2021, con casi 600 fallecidos y 30 mil contagiados al día, resulta prácticamente imposible adoptar de nuevo las restricciones, pues Colombia no soportaría un nuevo cierre.

A la pandemia se añadió el paro, que lleva más de mes y medio, y que no sólo aceleró y aumentó los contagios, por las manifestaciones masivas, sino que también profundizó la crisis económica, por los bloqueos, y agravó la afectación sicológica de miles de colombianos que, además del miedo al covid, han sido sometidos a una gran presión por los hechos de violencia y vandalismo.

En ese sentido, hoy más que nunca, la protección frente al virus es un asunto de responsabilidad ciudadana y depende, en gran medida, del cuidado que cada persona tenga frente a los riesgos de contagio.

Además, no tiene sentido cerrar las ciudades, afectando social, sicológica y económicamente a todo el mundo, cuando por voluntad propia miles de personas salieron a contagiarse, siendo conscientes de que las aglomeraciones de las marchas y las concentraciones del paro eran el escenario ideal para que el virus se multiplicara.

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