La comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya tiene en su poder los documentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación para investigar si el presidente Gustavo Petro tuvo responsabilidad en la supuesta financiación irregular de su campaña.

La célula legislativa deberá determinar si adjunta estos documentos a los procesos que ya existen o si inicia una nueva investigación.

Más allá de abrir otro expediente o sumar estas pruebas a los existentes, lo que Colombia necesita es que se avance en las investigaciones y que la Cámara de Representantes, aunque está confirmada por políticos, actúe con base en las pruebas y las normas.

Los señalamientos contra el jefe de Estado ameritan una investigación exhaustiva, pues el principal testigo de la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial es Nicolás Petro, el hijo mayor del mandatario, razón más que válida para no subestimar la información remitida por la Fiscalía.

Además de las implicaciones legales, sería muy grave para la moral de todo un país que se confirmara que la elección de un líder político que abanderó la promesa del cambio fue resultado del todo vale y de acuerdos por debajo de la mesa.

Además de estas consideraciones, la importancia de esta investigación radica también en el envío de un mensaje a los políticos y a los funcionarios públicos, a quienes les debe quedar claro que la justicia debe prevalecer sobre las consideraciones políticas.

Acá no se trata de acusar y condenar al presidente Petro porque sí ni tampoco de absolverlo porque sí.

Lo que se necesita es que los encargados de investigar al mandatario actúen con total independencia y que, sin consideración distinta a la verdad y a la ley, se determine si está libre de culpa o debe ser acusado y juzgado.

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