El pasado 1 de octubre se cumplieron cinco años del atentado contra el Palacio de Justicia de Cali. El hecho, atribuido a la guerrilla de las Farc, obligó a la dispersión de los despachos, ocasionando serias dificultades logísticas y operativas al ya lento y congestionado poder judicial de la ciudad.

Es tal el cansancio de trabajadores judiciales y abogados con esta situación que, ayer, como se registra hoy en la página 5 de esta edición, realizaron una protesta simbólica para reclamar la puesta en funcionamiento del complejo.

La reconstrucción está al 90%, según Asonal Judicial, lo que permitiría el traslado inmediato de la totalidad de los despachos, pero no se ha podido adelantar por dificultades de último momento, como, por ejemplo, que no se ha terminado la instalación de los seis ascensores de la torre B.

Si bien la responsabilidad primaria es de los autores del atentado, es algo que debe tenerse siempre presente, los efectos en el sistema judicial de Cali no habrían sido tan dañinos si el Estado hubiera resuelto prontamente el tema; la reconstrucción del Palacio de Justicia no debió tomar más de un año y medio, y, como van las cosas, se podría llegar a 2014 con los despachos judiciales por fuera del recinto hecho para ellos.

Por eso no es descabellado decir que en este caso el Estado se ha convertido casi que en un cómplice del terrorismo, pues el primero causó el daño y el segundo, con su desidia, indiferencia e inoperancia, permitió que el problema se extendiera en el tiempo, afectando a los empleados de la rama, a los abogados y a los ciudadanos cuyos procesos se han dilatado. Es como si el Palacio de Justicia hubiera enfrentado dos atentados: uno del terrorismo y otro del Estado.

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