Dos años después de firmado el acuerdo de paz, aún no hay respuesta para las víctimas de las Farc.

¿Cómo las Farc van a devolver el tiempo que perdieron los secuestrados y el dolor de sus familias durante el cautiverio?”

Esta pregunta fue formulada por la excongresista Ingrid Betancourt ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, antes de de iniciar el relato de los seis años en los que estuvo secuestrada en poder de las Farc.

Al igual que ella, otras víctimas de secuestro por parte de esta organización ilegal también narraron los vejámenes a los que fueron sometidas por la agrupación que comandaban quienes hoy son senadores del partido político que se identifica con la misma sigla.

La pregunta de Betancourt, quien al igual que los demás secuestrados por las Farc fue humillada, encadenada, golpeada y sometida a todo tipo de maltratos físicos y sicológicos en medio de la selva, es válida, y el país entero debe exigirle a los excabecillas guerrilleros que hoy fungen como jefes políticos, y, desde luego a la JEP, que la respondan de manera clara y oportuna.

Dos años después de suscrito el acuerdo de paz con las Farc los cabecillas guerrilleros están empoderados, ocupan curules en el Congreso de la República, mientras que las víctimas siguen a la espera de la verdad, la justicia y la reparación prometidas.

Ojalá las declaraciones de las víctimas ante la JEP sean algo más que un desahogo y lleven a que haya un resarcimiento real y a que las penas que se impongan a sus victimarios, aunque hagan parte de una jurisdicción especial, respondan al grave daño que les ocasionaron.

Colombia, por su parte, no puede dejar de escuchar a las víctimas, pues sus testimonios deben servirle al país para recordar una historia que debe esforzarse en no repetir.

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