Los cálculos de las pérdidas económicas ocasionadas por el paro nacional agrario hablan de consecuencias financieras muy elevadas para el país; los más optimistas tasan el perjuicio a las finanzas del comercio nacional en $260 mil millones, mientras que cuentas más pesimistas hablan de al menos $700 mil millones perdidos por cuenta de lo que se dejó de producir o comercializar durante estos días.

Si bien el perjuicio económico de dos semanas de parálisis en muchas regiones es preocupante, hay un efecto mayor, más lesivo y de efecto incalculable: el daño institucional que este tipo de movilizaciones dejan.

Estos paros prolongados, intensos y descontrolados son producto de la baja gobernabilidad de una administración desgastada durante tres años de pésima comunicación con la comunidad que, al explotar en bloqueos y protestas, reduce aún más la capacidad de mando institucional.

La pésima respuesta del Gobierno tanto en la concertación con los manifestantes, como en la represión para evitar vías de hecho, más el aprovechamiento de la crisis por parte de la oposición tanto de izquierda como de derecha, y de los mismos grupos armados al margen de la ley, lesionaron aún más la ya muy golpeada gobernabilidad.

El diálogo entre un gobierno y la comunidad debe ser permanente, no solo en momentos de crisis, es fundamental que haya interacción y retroalimentación entre la ciudadanía y las instituciones para canalizar las insatisfacciones y darles respuesta, pues la acumulación de quejas y reclamos que no se contestan, ocasionan la explosión de bombas sociales.
Si la gobernabilidad es la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente, es claro que la de nuestro país está en crisis y es responsabilidad del ejecutivo reconstruirla con acciones que generen confianza y credibilidad en la ciudadanía.

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