En recientes declaraciones, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, manifestó su inquietud en torno a la posible parálisis de la fuerza pública frente a los grupos armados ilegales.

“La preocupación de muchos, a propósito de que la buena intención de establecer un cese al fuego multilateral, que incluya a todo tipo de organizaciones criminales, es que en la práctica, puede producirse, si no se está produciendo ya, solo un cese al fuego: el cese al fuego de las Fuerzas Militares y policiales”, dijo el congresista.

Si bien ya se habían escuchado observaciones en este sentido, tiene especial valor que sea Roy Barreras quien formule el cuestionamiento, pues quiere decir que incluso al interior del Pacto Histórico y en el primer anillo del presidente Gustavo Petro hay preocupación por el manejo que se le está dando a la seguridad nacional.

En las últimas semanas se han conocido imágenes que muestran cómo, mientras la fuerza pública está acuartelada, sujetos armados, pertenecientes a las disidencias de las Farc, realizan patrullajes en varios municipios, especialmente del Cauca y Norte de Santander.

Una cosa es que el gobierno, en la búsqueda de la paz, plantee alternativas de diálogo con los ilegales, y otra, muy distinta, que el mismo gobierno renuncie a la obligación de defender a los colombianos para no contrariar a estas agrupaciones al margen de la ley.

En ese sentido, no se puede admitir un cese al fuego unidireccional, donde el Estado repliega sus fuerzas y las agrupaciones criminales aprovechan para fortalecerse.

Es válido que el gobierno busque salidas alternativas a la violencia, pero los esfuerzos que se hagan en esa dirección no pueden implicar que se deje de combatir a los criminales, porque o se someten a las ofertas de la institucionalidad, o la institucionalidad debe someterlos a través de la fuerza pública.

Foto: www.esing.mil.co

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