Esta semana, ante la plenaria de la Cámara de Representantes, que lo citó a un debate de control político por la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la fuerza pública no está maniatada, afirmación que choca contra la realidad de orden público que se vive en las regiones.

En su favor, el ministro puso como ejemplo la recuperación del Cañón del Micay, en el Cauca, donde el Ejército retomó el control desde la semana pasada, una acción que debe reconocerse, pero que, lamentablemente, no es el común denominador sino la excepción de la regla.

Lamentablemente, desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, su política de seguridad ha estimulado el incremento de la violencia, pues ha facilitado el accionar tanto del crimen organizado como de la delincuencia común.

Por un lado, la “paz total” ha dado lugar a ceses supuestamente “bilaterales” que sólo son respetados por la fuerza pública. Así, mientras Ejército y Policía no pueden actuar a la ofensiva, los ilegales aprovechan para expandir sus dominios. Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y el mismo Valle del Cauca son territorios en los que se libran intensas disputas entre guerrilla, disidencias y bandas criminales por el control territorial, con la población civil en medio del fuego cruzado.

Si a esto se suma que el gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, tiene una narrativa en la que muchas veces se justifica la delincuencia común, con ideas como la de eliminar algunos delitos y volver excarcelables otros, y la propensión a darle estatus, con el calificativo de “gestor social” a todo el que delinque, se tiene un contexto gubernamental que estimula la delincuencia y que de una u otra manera frena el accionar de la fuerza pública.

La mejor manera en la que el ministro de Defensa puede mostrar que la fuerza pública no está maniatada es con hechos claros y contundentes contra el crimen. Lo demás es cuento.

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