Ahora no nos pueden hacer creer que el Gobierno negoció con una guerrilla pobre.

Aunque el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que a las Farc no les quedará ni un centavo de los bienes que entreguen, pues estos recursos serán para reparar a las víctimas de esta agrupación, en este tema son más las dudas que las certezas.

Por la naturaleza misma de las Farc, aunque ahora estén en tránsito a convertirse en un movimiento político, sería ingenuo creer al pie de la letra la información que sobre el tema entreguen los cabecillas de esta organización, pues sus voceros pretenden mostrarse como pobres, pero son muchos los indicios de que poseen una inmensa fortuna, acumulada a lo largo de décadas de extorsión, secuestro, narcotráfico, abigeato, despojo de tierras y minería ilegal.

Basta recordar, por ejemplo, la guaca con $40 mil millones que hace catorce años encontró un grupo de soldados en la selva del Caquetá, ¿cuánto más dinero tendrán enterrado? También está el informe de la revista Forbes que calculó el patrimonio del grupo ilegal en US$600 millones.

Por eso, además de lo que reporten las Farc, es necesario que las autoridades colombianas se den a la tarea de rastrear hasta el último peso y el último metro cuadrado de tierra de esta organización, para aplicarles extinción de dominio, pues permitir que este patrimonio ilícito sea utilizado como capital para hacer política o en inversiones particulares de los cabecillas, equivaldría a validar cada uno de los delitos a través de los cuales lo consiguieron.

El Fiscal, que también se ha referido a la inmensa fortuna de las Farc, debe tomar este tema como prioritario, pues además de todas las consideraciones anteriores, es necesario que al país se le envíe un mensaje claro y contundente de que el crimen no paga.

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