Ahora que el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció la presentación de un proyecto de ley para reformar la entidad, el país debe hacer el mayor esfuerzo posible para darle a la Fiscalía los recursos necesarios para que cumpla con su misión.

Tal vez Colombia no ha dimensionado la importancia de esta entidad. En un país marcado por la violencia y la inseguridad, la lucha contra estos flagelos requiere un ente investigador fortalecido, con el personal y las herramientas suficientes para adelantar las pesquisas con prontitud y profundidad. Si este eslabón de la cadena judicial no funciona correctamente, los demás difícilmente lo harán.

Ayer, en su discurso de posesión, el nuevo fiscal dijo que la entidad a su cargo tiene presencia en 550 municipios, pero es “necesario llegar a 200 municipios más, especialmente en los territorios donde se desarrolla la reincorporación de los desmovilizados del acuerdo de paz”. ¿Cómo es que la Fiscalía no tiene presencia en zonas tan complejas?

El propio Fiscal describió el difícil panorama cuando dijo que “La Fiscalía no puede ser la entidad que resuelve inventarios de las noticias criminales que ocurrieron 4 o 5 años antes”. La falta de personal y recursos tecnológicos ha llevado a la entidad a esta situación. Y así como hay déficit de fiscales que investiguen los delitos, hay déficit de policías para capturar a los autores de esos delitos y déficit de jueces para juzgarlos. Esto explica porqué la impunidad en nuestro país ronda el 90%.

Se calcula que por cada 100 mil habitantes debe haber 65 jueces y 65 fiscales, pero en Colombia hay 12 y 11.3, respectivamente. Si a esto sumamos la complejidad de un problema de violencia con múltiples orígenes y actores, se entiende la urgente necesidad de fortalecer nuestro sistema judicial.

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