Urge que las universidades públicas identifiquen y desvinculen a quienes incentivan el vandalismo.

Hace una semana hubo un gran sentimiento de solidaridad nacional con los estudiantes de las universidades públicas que se movilizaron en las principales ciudades del país para exigirle al Gobierno Nacional más recursos para la educación superior.

Ayer hubo nuevas movilizaciones estudiantiles, pero en Cali se vieron empañadas por un grupo de vándalos que, a la altura de la sede Meléndez de la Universidad del Valle, bloquearon vías y atacaron buses del MIO, que también fueron pintaron.

Además de la afectación que le ocasionaron a miles de caleños que tuvieron que soportar largas esperas por el bloqueo de las vías, los autores de estos disturbios, contrario a lo que supuestamente pretendían, le hicieron un grave daño a la causa estudiantil, pues la discusión sobre los hechos vandálicos desplazó el debate sobre los recursos para la educación superior.

Este no es un tema nuevo, el grueso de la población estudiantil de las universidades públicas no participa en este tipo de revueltas. En varios claustros del país los encapuchados infiltran las movilizaciones universitarias para sembrar el caos con hechos vandálicos que las desfiguran.

Las universidades públicas y las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo para identificar, desvincular y judicializar a estos vándalos, antes de que le hagan más daño a las instituciones.

Es completamente contradictorio que que se “defienda” la educación desde los más bajos institutos, atentando contra el transporte público, el mobiliario urbano y el derecho a la locomoción de miles de personas.

Luego de las marchas del 10 de octubre se hicieron célebres imágenes en las que, al final de la movilización, estudiantes universitarios se saludaron con agentes del Esmad, pues no hubo choques entre los manifestantes y la fuerza pública, ¿por qué no puede ser siempre así?

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