Ante la amenaza de la droga, resulta difícil no respaldar la decisión presidencial.

La polémica en torno al decreto que expedirá el Gobierno Nacional para regular la dosis mínima amerita un debate que vaya más allá de esta medida y que lleve a las autoridades a adoptar una estrategia integral para la prevención del consumo de drogas.

Las motivaciones y la intención del presidente Iván Duque al facultar a la Policía para decomisar cualquier cantidad de sustancia psicoactiva que porte un ciudadano en el espacio público no solo es lógica sino también válida.

La licencia que otorga la dosis mínima juega a favor de los distribuidores de droga, quienes hábilmente portan las cantidades permitidas sin que autoridad alguna pueda incautarla.

De esta forma es que los llamados jíbaros han invadido esquinas y entornos escolares con marihuana, cocaína y otras drogas ilícitas, lo que ha llevado a que adolescentes e incluso niños caigan en el infierno de las drogas.

En ese sentido, hay que respaldar la norma que piensa implementar el Presidente de la República, pues dificulta la dañina labor de los expendedores.

Sin embargo, el Gobierno Nacional debe tener claro que esta disposición es insuficiente para afrontar un fenómeno movido por un negocio tan lucrativo, y debe adoptar medidas complementarias para que funcione.

¿Cómo garantizar que al interior de la Policía, autoridad encargada de decomisar la droga, esta nueva facultad no estimule la corrupción?

Pero, más allá de lo policivo, es necesario que la prevención de la drogadicción sea un componente estructural del sistema educativo y también del sistema de salud, porque independientemente de las dificultades que los controles impongan a la comercialización de las drogas, los distribuidores encontrarán la manera de llegar a sus compradores y de reclutar nuevos consumidores.

De fondo, lo que el país debe pensar es qué debe hacer para reducir la vulnerabilidad de sus nuevas generaciones frente a la droga.

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