El pueblo venezolano necesita más que nunca el acompañamiento de la comunidad internacional.

No exageran quienes califican lo ocurrido en Venezuela como la configuración de una dictadura. La suspensión de las funciones del poder legislativo (la Asamblea Nacional), que fueron asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia rompe por completo el proceso político institucional democrático.

Era algo que se veía venir desde que el chavismo fue derrotado por la oposición en las elecciones legislativas, desde ese momento el presidente Nicolás Maduro evidenció su intención de desconocer las facultades de la Asamblea Nacional y ahora lo logró con la complicidad de magistrados controlados por él. ¿Qué sigue? ¿La anulación de las elecciones futuras o el establecimiento de un sistema en el que la única fuerza política que se permita sea el chavismo?

Venezuela está a dos pasos de convertirse en una nueva Cuba y la comunidad internacional se ha limitado hasta el momento a pronunciamientos diplomáticos, cuando lo que se requiere son acciones que le indiquen a Maduro que las democracias del mundo no están dispuestas a aceptar una nueva dictadura a estas alturas de la historia.

Si la semana pasada se hubieran logrado en la OEA los votos necesarios para aplicarle la carta democrática a Venezuela, tal vez el chavismo no se habría atrevido a dar este nefasto paso, pero la complicidad de gobiernos como el de Colombia evitaron que se le aplicara una sanción al gobierno de Nicolás Maduro, lo que le permitió seguir adelante con su plan absolutista.

Un país democrático no puede cohonestar con uno que no lo sea. En ese sentido las democracias, y entre ellas Colombia, deben condicionar cualquier relación con el gobierno chavista al restablecimiento de las facultades de la Asamblea Nacional venezolana. No se puede dejar solo al pueblo de ese país.

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