Cali, septiembre 15 de 2026. Actualizado: lunes, septiembre 14, 2026 20:57

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No podemos permitir que la criminalidad se presente como benefactora y que los grupos ilegales continúen ocupando el lugar que debería corresponder al Estado

La criminalidad no puede reemplazar al Estado

La reciente inauguración de un puente vehicular en el Cañón del Micay, Cauca, encendió un acalorado debate, pues miembros del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc participaron en el evento junto a la comunidad.

Este puente, que soporta hasta 40 toneladas y tuvo un costo de $650 millones de pesos, contó supuestamente con una contribución del 15% proveniente de este grupo armado ilegal.

Además, se entregó maquinaria amarilla para el mantenimiento vial y se instaló un peaje comunitario en la zona.

Este caso es una prueba irrefutable del vacío institucional que deja el Estado colombiano y la falta de inversión pública en regiones afectadas por la violencia. No es aceptable que la criminalidad reemplace las funciones estatales ni que se permita a los grupos armados al margen de la ley convertirse en “autoridades”.

La presencia de los disidentes en la inauguración no solo es una afrenta al Estado, sino también un símbolo del control territorial que estos grupos han alcanzado, aprovechando la ausencia gubernamental para legitimarse ante la comunidad.

La construcción del puente, financiada mayoritariamente por la comunidad, debió haber sido una iniciativa estatal. No es posible que las cintas sean cortadas por criminales mientras las autoridades legítimas brillan por su ausencia. Esta situación refleja la desesperación y el desamparo en que viven muchas comunidades, obligadas a aceptar la “colaboración” de grupos armados para resolver sus necesidades básicas. Cuando el Estado no llega, las comunidades se encuentran en una encrucijada: someterse a la autoridad del más fuerte o enfrentar la muerte o el desplazamiento.

La inauguración del puente en el Cañón del Micay es un llamado urgente para que el Estado colombiano retome el control de estos territorios. No se trata solo de desplegar fuerza pública, sino de llevar una oferta institucional integral que incluya salud, educación, infraestructura y seguridad. Es necesario un compromiso real para atender las necesidades de las comunidades, evitando que estas recurran a los violentos para sobrevivir.

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