El velo de la corrupción nubla otra vez el horizonte político de Colombia. Esta vez el flagelo sacude los cimientos del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en campaña prometió que acabaría con estas prácticas.

El escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destapó una red de malversación de fondos y coimas que hiere la confianza de la ciudadanía y mina la credibilidad en nuestras instituciones.

El derroche grotesco de recursos en la compra de carrotanques para La Guajira es solo la punta del iceberg de esta trama corrupta.

No solo se dilapidó una cantidad exorbitante de dinero público (sobrecostos superiores a los $22 mil millones) en equipos inútiles para su propósito inicial, sino que, además, se habría utiliza ese dinero para comprar congresistas.

La responsabilidad política del presidente Petro en este escándalo es innegable. Su intento de desvincularse de la corrupción, culpando a los “cachacos” como si la región de origen fuese justificación suficiente para la malversación de fondos, es una manera olímpica de desconectarse del problema.

Lo más repugnante de este caso no es solo el daño material infligido a La Guajira, que sigue padeciendo la escasez de agua mientras los fondos destinados a solucionar su crisis se diluyen en el fango de la corrupción.

Lo más lamentable es el daño moral que se inflige a toda la nación, a aquellos que depositaron su confianza en un gobierno que prometió un cambio honesto y transparente, pero que nombró a funcionarios que traicionaron la confianza del país.

Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, pero de verdad, que se haga justicia, que Olmedo López, que era el director de la UNGRD, le cuente la verdad al país, para que, caiga quien caiga, se siente por fin un precedente contra la corrupción.

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