Las reformas institucionales que se harán no pueden ser a la medida de las Farc.

En la discusión sobre el acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc hay dos visiones contrapuestas: quienes promueven votar Sí en el plebiscito aseguran que la implementación de lo pactado permitirá la construcción de un mejor país, mientras que los promotores del No sostienen que, con el acuerdo, Colombia caerá en una situación igual a la de Venezuela. Solo el tiempo dirá  cuál de las dos interpretaciones es la correcta, pues todo lo que se diga ahora, por imparcial que sea, se reduce a suposiciones.

Lo cierto es que de las reformas propuestas en el acuerdo final puede salir un mejor modelo de país, pero también uno peor, dependerá de cómo que se hagan.

En todos los ajustes institucionales que se realizarán si el acuerdo es validado por la ciudadanía van a participar miembros de las Farc, pero las reformas no las harán ellos solos. Allí los demás participantes, como los congresistas y miembros de la academia, tienen la gran responsabilidad, en representación de la sociedad colombiana, de garantizar que las reformas no serán a la medida de la guerrilla.

Y es que mas allá de lo que se les concede a las Farc en materia económica y en beneficios jurídicos, que han sido los aspectos más debatidos del acuerdo, lo de fondo es el poder que se le otorga a la guerrilla para adelantar reformas institucionales.

El reto, entonces, si el acuerdo final es avalado por la mayoría, será que a pesar de que entre la visión de las Farc en las reformas, se puedan construir modelos que satisfagan a todos. Por ejemplo, en el caso de la reforma rural, se debe fortalecer a los pequeños agricultores, pero sin acabar ni debilitar la agroindustria.

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