El paro armado declarado por el Frente de Guerra Occidental del ELN en el Chocó plantea preguntas sobre la verdadera voluntad de paz de esta guerrilla.

Cuatro días después de que se anunciara la prórroga del cese al fuego “bilateral” entre el gobierno nacional y este grupo ilegal, nos enfrentamos a la contradictoria realidad de que, mientras recibe beneficios, la guerrilla continúa actuando contra la población civil.

La situación en el Chocó es un ejemplo palpable de esta dualidad, pues el paro armado es una afrenta a la población civil, que se ve amenazada. Se calcula que en este departamento hay al menos 27 mil personas confinadas ante las amenazas del ELN.

¿Existe realmente una unidad de mando entre los cabecillas que dialogan en Cuba y los comandantes de frente en Colombia? La aparente desconexión entre los compromisos en la mesa de negociación y las acciones en el terreno genera escepticismo sobre la sinceridad de la guerrilla.

Sin embargo, la atención no debe centrarse únicamente en las acciones del ELN. También es imperativo cuestionar la posición del gobierno nacional en este escenario, pues a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos y la clara burla representada por el paro armado en el Chocó, el gobierno del presidente Gustavo Petro se limitó a emitir un comunicado rechazando estas acciones, pero mantiene los beneficios otorgados a esta organización criminal.

El gobierno debe ser consciente de que existe una delgada línea entre la ingenuidad y la complicidad, pues la persistencia en brindar beneficios a una guerrilla que viola repetidamente los términos del cese al fuego plantea interrogantes sobre la seriedad de las negociaciones de paz.

Es fundamental que el gobierno exija un compromiso real por parte del ELN o, de lo contrario, este proceso se sumará a la lista de burlas y frustraciones en los intentos de paz con este grupo.

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