Los 23 homicidios registrados el pasado puente festivo en Cali, la creciente denuncia de atracos en la ciudad, el recurrente cobro de peajes en barrios del oriente y la invasión de los carriles del MIO por todo tipo de vehículos son muestras claras de que en la capital del Valle del Cauca se ha dejado de ejercer el principio de control y autoridad.

Con el paro se ha validado una narrativa que rechaza cualquier acción de la Policía o de cuerpos de control, como los guardas de tránsito.

Así, por ejemplo, un operativo para despejar una barricada es calificado como una “violación al derecho a la protesta” y en el caso de los procedimientos para sancionar a quienes violan las normas de tránsito se dan agresiones físicas contra los agentes de la Secretaría de Movilidad.

En estas siete semanas de paro acabaron con las cámaras de seguridad de Cali y también con las de fotodetección que controlan la velocidad, el pico y placa y la revisión técnico mecánica.

La ciudadanía no puede caer en la trampa de rechazar la presencia de la Policía ni seguir el peligroso juego de impedir todo tipo de procedimientos de control, pues, de seguir así la ciudad caerá en la anarquía y después no habrá a quién acudir para hacer respetar los derechos.

Lo que está en juego con el rechazo a la autoridad es la viabilidad de la ciudad y la tranquilidad e integridad de todos. La inseguridad y la indisciplina trascienden las discusiones del paro, por lo tanto la protesta no puede seguir siendo excusa para promover el caos e impedir que las autoridades competentes ejerzan control y sancionen a quienes incurren en acciones por fuera de la ley e infracciones.

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