El caso de Juliana Guerrero es sintomático: Recién graduada, sin tarjeta profesional y sin experiencia en la administración pública, llega a un cargo de alta responsabilidad del estado, como viceministra, en medio de interrogantes sobre sus credenciales.

Esa designación contrasta con lo que prometió el presidente Gustavo Petro antes de llegar a la Casa de Nariño, cuando anunció una convocatoria para que doctores y profesionales altamente calificados ingresaran a su gobierno.

Hoy, esa promesa se siente incumplida, pues lo que se ha visto es una cadena de nombramientos sin el perfil adecuado.

Además, este episodio se suma a decisiones como pedir la eliminación de requisitos para ser embajador, lo que refuerza la percepción de que la meritocracia ha sido relegada a un segundo plano en este gobierno.

Que se privilegie la cercanía política o personal sobre la capacidad profesional envía un mensaje de desconfianza y mina la credibilidad de las instituciones.

Por supuesto, todo colombiano debe tener la posibilidad de acceder a altos cargos del Estado, pero siempre que demuestre la formación y experiencia necesarias para ejercerlos.

Lo contrario no solo afecta la eficiencia del gobierno, sino que también deteriora la dignidad de lo público y debilita la confianza ciudadana.

En el pasado, abundaron los casos de títulos falsos, nombramientos por amiguismo o nepotismo, prácticas que un gobierno que se autodenomina “del cambio” debería erradicar, no repetir.

Por eso, lo ocurrido con Juliana Guerrero resulta más que un caso aislado: es un reflejo de la incoherencia entre lo prometido y lo ejecutado.

Y, en política, la transparencia no es opcional: es una obligación para fortalecer la democracia.

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