En este caso se debe pensar en el bienestar general, y Cali está en riesgo.

El proceso de desalojo iniciado en el jarillón del río Cauca es necesario, pues si las familias que se niegan a abandonar el dique no lo hacen, no solo se exponen a un grave riesgo, sino que ponen en grave peligro a toda Cali.

Antes de cuestionar los desalojos hay que tener presentes dos consideraciones: la primera, que todos los ocupantes del jarillón son invasores, y, segundo, que pese a ello la administración municipal lleva tres años en un proceso de concertación en el que se han ofrecido soluciones habitacionales y compensaciones económicas. Quienes han sido o serán desalojados son aquellos que no aceptaron los beneficios ofrecidos.

Es necesario que el jarillón esté deshabitado para reforzarlo y repararlo en aquellos puntos en los que podría colapsar, pero además debe garantizarse que en el futuro no se levante sobre esta estructura ningún asentamiento humano, para evitar que se vuelva a debilitar.

Los estudios técnicos indican que si el jarillón se rompe, el río Cauca inundaría todo el oriente de la ciudad, afectando directamente a 900.000 personas, pero indirectamente a toda la ciudad, que se quedaría sin servicio de acueducto, pues las plantas de tratamiento están en la zona que quedaría cubierta por el agua, que tardaría dos meses en bajar.

Por eso los políticos no pueden cometer la irresponsabilidad de hacer campaña con  este tema; siempre se critica la falta de prevención de las tragedias y ahora que se está actuando a tiempo no se le pueden poner más palos a la rueda; el plan de concertación con la gente del jarillón ha sido largo y sistemático, el desalojo es el último recurso que queda.

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