La actual situación de orden público y violencia en Jamundí es preocupante debido a la presencia y acciones de las disidencias de las Farc. Se han reportado situaciones como la carnetización de la población, retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de horarios. Es una situación que requiere una respuesta clara y contundente del gobierno nacional.

Por lo anterior, el llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro al ministro de Defensa, Iván Velásquez, no solo es una alerta, sino un recordatorio de que la institucionalidad no puede ser cuestionada ni vulnerada en ninguna parte del país.

Es crucial abordar la presencia de grupos armados en Jamundí con determinación, pues la ambigüedad sobre el papel de estos grupos, especialmente aquellos que participan en diálogos de paz con el gobierno nacional, genera inquietud y pone en riesgo la seguridad de las comunidades. No podemos permitir que la paz sea manipulada para justificar acciones violentas que atenten contra la integridad de los ciudadanos.

Que estas agrupaciones ilegales sostengan conversaciones con el gobierno nacional no puede convertirse en una patente para que amplíen su control territorial y siembren temor en las comunidades; por el contrario, si tienen voluntad de paz, deberían abstenerse de continuar con estas acciones. Pero, si estos grupos insisten en ir en contravía de lo que el país espera, las Fuerzas Militares y la Policía deben actuar para contrarrestarlos, con el propósito de evitar su avance y proteger a la población civil. El presidente Gustavo Petro no puede maniatar a la fuerza pública.

La insistencia en restaurar el control territorial en la zona rural de Jamundí es acertada, por eso hay que respaldar a la gobernadora Toro en este llamado. El fortalecimiento de la presencia institucional a través del Ejército y la Policía es esencial.

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