La canasta familiar no se toca, y en una situación económica como la que vive Colombia por cuenta de la pandemia del covid-19, menos, pues cargarla con impuestos que aumentarán los precios, equivale a poner en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias que han perdido parte o la totalidad de sus ingresos por cuenta de las restricciones para evitar el contagio del coronavirus.

Si bien es cierto que, en la coyuntura actual, el Estado colombiano necesita ingresos, es inaudito y hasta inhumano que se plantee obtenerlos mediante un impuesto que afecta directamente a los más necesitados. Colombia cerró el 2020 con un desempleo del 13,4% y muchos sectores de la economía aún no se recuperan de las pérdidas que les dejó el aislamiento obligatorio y otros ni siquiera han podido reabrir.

En medio de ese panorama, el Gobierno Nacional debe buscar alternativas creativas para mejorar sus ingresos, reducir la elusión y la evasión, y no plantear salidas en falso como la aplicación del IVA a la canasta familiar que, por el contrario, pueden profundizar la crisis social.

Si el Ministerio de Hacienda insiste en el IVA, por ser un impuesto de recaudo inmediato, debe aplicarlo o aumentarlo a productos y servicios que no sean esenciales, como el vestuario, los cosméticos y los electrodomésticos.

Otra alternativa es que el Estado, mientras se cumple el plan de vacunación y se supera la pandemia, cubra los huecos mediante el endeudamiento, para que, además, haya recursos para inyectarle a la economía y moverla, y entonces sí, cuando llegue la reactivación, recurrir a una alternativa tributaria.

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