En Colombia se impone una lógica perversa: se condena a quien actúa contra los delincuentes y se absuelve socialmente a quienes infringen las normas.

Las redes sociales se encargan de linchar a quien defiende el orden y de santificar a quienes lo destruyen, una inversión de valores, alentada por discursos complacientes y por la pasividad del Estado, que está minando los cimientos del país.

Ocurre con los bombardeos a grupos armados ilegales, que son vistos con recelo incluso por el propio gobierno, mientras los criminales siguen poniendo explosivos, asesinando y secuestrando.

Es mal visto que el Estado actúe, que use la fuerza legítima para defender la vida de los ciudadanos, aunque los delincuentes no tengan reparo en atacar civiles inocentes. ¿Por qué no actuar con decisión? ¿Por qué se justifica la inacción cuando lo que está en juego es la seguridad de todos?

Lo mismo sucede en la Universidad del Valle, donde los encapuchados convirtieron la protesta en vandalismo.

Cada semana se repiten las pedreas, los bloqueos y las quemas, mientras las autoridades se limitan a cerrar las vías para “controlar” la situación.

Quien pide operativos policiales o judiciales para capturar a los responsables es acusado de querer reprimir, cuando en realidad lo que se exige es protección para los estudiantes, los profesores y los caleños que viven atrapados por el miedo.

La misma permisividad se extiende al sistema penitenciario. Están asesinando a los guardianes del Inpec, y aun cuando se sabe que muchos de esos crímenes se ordenan desde las cárceles, nada ocurre.

Los reclusos siguen delinquiendo sin consecuencias, como si las prisiones fueran oficinas del crimen.

Incluso los soldados y policías, víctimas de asonadas, terminan siendo humillados y retenidos por civiles que los agreden con total impunidad.

Ni siquiera se les puede llamar secuestradores porque la narrativa oficial suaviza los hechos con eufemismos.

Así, el país asiste a una peligrosa inversión moral donde los que están por fuera de la ley se convierten en víctimas y los defensores del orden en culpables.

Colombia no puede seguir premiando la ilegalidad ni castigando la autoridad. Aplicar la ley no es represión; es el deber del Estado y el derecho de los ciudadanos que todavía creen en él.

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