El gobierno nacional debe ser cuidadoso en los mensajes que envía en relación con el problema de la invasión de tierras, pues fácilmente pueden terminar estimulando más ocupaciones ilegales de predios, aunque esa no sea la intención.

En las últimas dos semanas la Alcaldía de Cali ha adelantado una serie de desalojos de predios públicos y privados en los que fueron levantados asentamientos subnormales, algo destacable en un momento en el que el gobierno nacional no ha movido un dedo para evitar la ocupación de tierras dedicadas a la agroindustria ni tampoco ha desalojado a los ocupantes ilegales de las mismas.

Ya en este espacio se ha cuestionado la forma en la que, desde campaña, el nuevo gobierno ha mantenido una posición contradictoria frente a las invasiones, las cuales rechaza de palabra, pero no de acción.

Esto, claramente, termina estimulando la expansión del flagelo, pues los tierreros, como son conocidos los invasores de predios, saben que las autoridades no actuarán en su contra.

Adicional a esto, el anuncio de entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales (bienes extintos de actividades ilegales) a quienes han sido desalojados de invasiones se convierte también en un nuevo estímulo para la ocupación de predios.

Es necesario ponerle un punto final a este flagelo, en el que se mueven demasiados intereses económicos y políticos.

Una cosa es promover una política de vivienda y tierra para los más pobres y otra, muy diferente, es darle a acciones ilegales, como las invasiones, el carácter de válidas para acceder a una propiedad.

La invasión de predios debe ser castigada con las sanciones que la ley contempla y quienes cometan este delito deben ser excluidos de cualquier programa estatal que otorgue propiedad sobre vivienda o tierra.

De lo contrario, este será un problema de nunca acabar.

Foto: Alcaldía de Cali

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