Resulta preocupante que, lejos de rechazar la invasión de tierras en el departamento del Cauca, el presidente electo, Gustavo Petro, proponga un diálogo entre los invasores y los propietarios de los predios, pues esto, en cierta medida, valida los argumentos de quienes pretenden apoderarse de terrenos que no les pertenecen.

Una cosa es promover la salida pacífica de los invasores y otra, muy diferente, es abrir la puerta para que los propietarios de los predios o el Estado entren en un proceso en el que el retiro de los ocupantes ilegales termine condicionado a una contraprestación.

El gobierno nacional y las autoridades, en general, están en la obligación de garantizar el respeto a la propiedad privada, así como todos los derechos que se vulneran por cuenta de la invasión.

Los operativos de desalojo deben ser inmediatos y no pueden ser reemplazados por ningún tipo de negociación.

Quienes pretenden ocupar tierras que no les pertenecen no sólo violan los derechos de sus propietarios; en el caso de la invasión de predios en el Cauca se vulneran los derechos de las personas que trabajan en las plantaciones de caña y en los ingenios azucareros.

En ese sentido, preocupa que, ante la posición del presidente Petro frente a este problema, a partir del 7 de agosto, cuando comience su gobierno, los invasores de tierras se sientan “autorizados” para ocupar predios y se cause un daño irreparable a la agroindustria.

Si a esto se suman los anuncios en torno a la reforma agrícola que hablan de la compra de predios que no están en venta, preocupa que mediante eufemismos se termine validando la expropiación de tierras, algo que Gustavo Petro, siendo candidato, se comprometió a no hacer, mediante un documento firmado en notaría.

Foto: Asocaña

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