La posición del gobierno nacional en el tema de la invasión de predios deja mucho qué desear, pues al mismo tiempo que rechaza la ocupación ilegal de tierras, no actúa para impedirlas ni tampoco desaloja a los invasores.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, argumenta que pasadas 48 horas de una invasión, sólo se puede proceder al desalojo con orden de un juez. ¿Por qué, entonces, para evitar que se requiera un mandato judicial, no se ordena la intervención de la fuerza pública tan pronto se conozca de una invasión?

La desidia del gobierno frente a este fenómeno es tal que desde hace dos semanas el Consejo regional indígena del Cauca, Cric, advirtió que los invasores no se retirarán de los predios ocupados ilegalmente, si no que, además, anunció que irían por más, como efectivamente lo han hecho.

¿Por qué, si se conoce cuál es la zona que reclaman quienes esgrimen el inadmisible argumento de la propiedad ancestral, no hay operativos preventivos para evitar las tomas de los predios?

Además de la afectación a los trabajadores y a los propietarios de los predios, a quienes se les vulneran los derechos al trabajo y a la propiedad privada, respectivamente, la no resolución del problema de las invasiones puede derivar, como lo advirtió el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa, en un conflicto mayor, pues miembros de la población afrodescendiente del norte del Cauca, que laboran en las haciendas invadidas, han sido objeto de mensajes racistas y amenazas por parte de indígenas.

¿No es acaso esto razón suficiente para que el gobierno nacional intervenga? La defensa de la vida y de la propiedad privada, que son pilares de la convivencia pacífica, están consagradas en la Constitución Nacional, por lo tanto, garantizarlas es obligación de las autoridades, no una opción.

Comments