Al Gobierno Nacional le quedó grande la compleja situación de violencia que vive Buenaventura.

Aunque con frías cifras las autoridades se empeñen en hacerle creer al país que la intervención contra la violencia en Buenaventura ha funcionado, porque el número de homicidios reportados ha disminuido, la realidad de la ciudad porteña sugiere lo contrario.

El hallazgo en los últimos días de cinco cuerpos desmembrados, algunos de ellos enterrados en fosas comunes, indica que las llamadas casas de pique siguen operando, y la utilización de ácidos para acelerar la descomposición de los cadáveres, así como el cercenamiento de sus dedos para evitar que sean identificados, demuestran que los métodos que utilizan las bandas criminales de Buenaventura son cada vez más bárbaros.

¿En verdad han bajado los homicidios en el puerto o la disminución en los registros de muertes violentas se debe a que las bandas criminales se volvieron más efectivas en la desaparición de los cadáveres?

Las disputas territoriales entre las bandas dedicadas al microtráfico, el contrabando y la minería ilegal tienen como escenario las zonas más deprimidas del puerto, y aunque el Gobierno Nacional ha hecho grandes anuncios, como el de ordenar la militarización de la ciudad en marzo del año pasado, Buenaventura sigue en manos del crimen. Cuando las cámaras se van, se van también los refuerzos y los delincuentes vuelven a hacer de las suyas.

Es claro que Buenaventura requiere acciones que permitan poner tras las rejas a quienes tienen sumida a la ciudad en el terror, pero la acción de la Fuerza Pública, que en el momento es inferior a la amenaza de los violentos, debe ir acompañada de una intervención estructural de largo plazo, con educación, con salud, con oportunidades de empleo digno, que impida que las nuevas generaciones porteñas tomen el camino equivocado.

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