Primero se desconoció a los ciudadanos que reprobaron el acuerdo en las urnas, ¿ahora desconocerán al Congreso?

Con tantas las dudas que hay en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que hasta ahora ha sido imposible que el Gobierno Nacional construya al interior del Congreso de la República las mayorías necesarias para aprobarla, y eso ya es muy diciente, pues hasta el momento la unidad nacional había aprobado sin chistar todo tipo de iniciativas por petición del presidente Juan Manuel Santos, hasta la dañina reforma tributaria.

Además de las observaciones hechas por la Corte Penal Internacional ante la clara posibilidad de que la JEP deje impunes a los responsables de actos atroces, la llegada de la temporada electoral ha llevado a que muchos congresistas, en campaña de reelección, presten atención a los desacuerdos de la opinión pública frente a los privilegios judiciales que se le pretenden otorgar a los cabecillas de las Farc.

Ante este panorama, empezaron a surgir entre el Gobierno Nacional y sus aliados ideas para abrirle paso a la JEP desconociendo al Congreso de la República, como la propuesta de declarar el estado de conmoción interior, que le permitiría al Presidente de la República expedir decretos con fuerza de ley.

Pero esta figura, según el artículo 213 de la Constitución Nacional, se aplica “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”, y este no es el caso.

La no aprobación de la JEP en sus actuales condiciones atenta solo contra los intereses del secretariado de las Farc, y lo que están pidiendo la Corte Penal Internacional, la oposición y voceros de las víctimas no es que no se apruebe, si no que se ajuste, de tal manera que no se convierta en un sistema judicial promotor de la impunidad. ¿Por qué este Gobierno insiste en hacer las cosas mal?

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