La reclusión de los menores de edad que cometen faltas contra la ley se ha vuelto algo inmanejable para el Estado colombiano.

Este no es un problema exclusivo de Cali, donde el pasado viernes se fugaron 31 del centro de formación de Valle del Lili.

Por tener menos de 18 años, la vigilancia para los llamados adolescentes infractores, muchos de los cuales son tan dañinos como los delincuentes recluidos en prisiones de máxima seguridad, es inferior al peligro que representan, lo que aprovechan para escapar con facilidad.

Todo esto es propiciado por una ley excesivamente laxa que no los califica como delincuentes, aunque hayan matado, violado, secuestrado o traficado con drogas y armas, sino como menores infractores.

Bien valdría la pena que los congresistas de la República, que se la pasan ideando reformas políticas y electorales para su beneficio, pensaran en el bienestar nacional y revisaran la normatividad relacionada con los menores de 18 años que cometen faltas a la ley, que, según las acciones cometidas, deberían clasificarse entre infractores, para faltas leves, y delincuentes, cuando incurren en actos graves, para que tanto las sanciones como las condiciones de reclusión y vigilancia sean acordes a su peligrosidad.

Esta reforma sería de gran utilidad, pues hoy los menores de edad son utilizados para cometer todo tipo de delitos por la garantía que les ofrece saber que no pueden ser condenados.

A las deficiencias en la legislación hay que sumar factores como el hacinamiento en los centros de reclusión y la falta de una política efectiva de recuperación social que permita que los jóvenes aprehendidos por violar la ley se resocialicen.

La primera vez que un menor de edad ingresa a un sitio de reclusión es la última oportunidad que tiene la sociedad de evitar que se pierda en el delito, pero, en las actuales condiciones del sistema, la llegada a uno de estos sitios no es su salvación sino su perdición, allí se gradúan como delincuentes.

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