Que el Gobierno haya dejado los crímenes de las Farc en la impunidad, no quiere decir que el país los haya olvidado.

Hace pocos días, durante una audiencia que se llevó a cabo en el Congreso de la República, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, llamó asesino al exguerrillero Jesús Santrich, de las Farc, quien reaccionó anunciando una demanda contra el Congresista.

“Eduard, hermano, ten certeza que te voy a demandar. Resulta que yo estoy amnistiado y no hay manera que pruebes que soy asesino”, escribió Santrich a través de su cuenta en Twitter.

Y si sorprendió la reacción del exguerrillero, el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema resultó aún más desconcertante: el Mandatario pidió respeto por la diferencia e hizo una reflexión sobre la intolerancia y la discriminación.

¿Intolerancia? ¿Discriminación? ¿Acaso los colombianos no tienen derecho a reclamarles a los cabecillas de las Farc por todo el daño que ocasionaron durante tantos años?

Que el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional los haya salvado de ir a la cárcel no borra la responsabilidad de los exguerrilleros en crímenes atroces, y si antes, porque estaban en la clandestinidad o por el temor a represalias, los colombianos no les decían lo que pensaban de ellos, ahora que posan de dirigentes políticos, deben poner la cara, y ya que no tendrán que responderle a la justicia, sí tendrán que hacerlo a la gente, pero con argumentos.

La reacción de Santrich muestra que la lógica de las Farc ante los contradictores sigue siendo la intimidación, solo que cambiaron los fusiles por las demandas, y si bien, en el fondo, eso supone un avance, el país no puede permitir que se trate de poner una mordaza a todo aquel que se atreva a cuestionar a los voceros de una organización que sembró muerte y dolor durante cinco décadas.

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