La baja efectividad de las autoridades se convierte en un estímulo de la delincuencia.

Según un estudio liderado por la Universidad de Las Américas de Puebla, México, Colombia es el tercer país del mundo con mayor impunidad.

El resultado del análisis, que fue realizado a 59 países a partir de estadísticas entregadas por los gobiernos a la Organización de las Naciones Unidas, no sorprende, pues la falta de una justicia efectiva en nuestro país salta a la vista.

Pocos días después de conocerse este estudio el presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó una estrategia contra el crimen organizado que contempla la creación de un sistema de judicialización especializado en el tema.

El anuncio del Jefe de Estado confirma que en gran medida la propagación del crimen organizado en Colombia se debe a la impunidad, pues la mínima probabilidad de que sus integrantes sean capturados, judicializados y condenados, se convierte en un estímulo para estas organizaciones.

En este país se lanzan políticas aisladas que se hacen desde lo policial, a veces con grandes esfuerzos operativos, que sirven de poco, porque después, en la judicialización, es poco probable que los delincuentes reciban el castigo que merecen.

La relación entre seguridad y justicia es total, los países con índices bajos de impunidad tienen policía fuerte, pero también cuentan con aparatos de justicia fuertes y efectivos.

Ojalá esta estrategia no se concentre solo en las bracrim de más renombre, pues detrás de los delitos que más acosan a los ciudadanos, como el robo de automotores y de celulares, también hay grandes estructuras delincuenciales.

Si bien hay que destacar el interés del Gobierno Nacional por desmontar las estructuras criminales que azotan los centros urbanos con esta nueva estrategia anunciada por el Presidente, es claro que aquí no se requiere la creación de justicias especiales, lo que el país necesita es simplemente que la justicia funcione.

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