Ya no debería sorprender que el presidente Gustavo Petro trate de beneficiar a los delincuentes.

Además de la intención de eliminar delitos y de promover castigos simbólicos para los ladrones que mantienen azotados a los habitantes de las ciudades, y del anuncio de pagos mensuales para los jóvenes que están en el mundo del delito y de darle estatus especial a los miembros de las bandas criminales, ahora el jefe de Estado anuncia una ley para otorgarles beneficios a los narcotraficantes.

“…se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde”, dijo el presidente.

Otorgar beneficios a todo tipo de delincuentes plantea una serie de inconvenientes y problemas graves para la sociedad en general, pues invierte los valores al darle a quien viola la ley beneficios que no tienen los ciudadanos honestos.

Que por decisión del gobierno nacional los delincuentes no enfrenten las consecuencias de sus acciones fomenta un clima de impunidad y conduce inevitablemente a una percepción generalizada de que el crimen paga.

En un país con los antecedentes de violencia e impunidad que tiene Colombia, desmotivar en las personas el respeto por la ley puede aumentar exponencialmente la ilegalidad, como ya está ocurriendo.

Para que funcione, todo sistema de justicia debe basarse en la idea de que las personas son responsables de sus actos y deben rendir cuentas por ellos, y cuando este principio se rompe, se estimula el crimen y la anarquía.

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