En las entrevistas concedidas a los medios de comunicación, cada uno de los ministros designados que asumirán el próximo 7 de agosto se las arregla para decir que los recursos de su cartera son insuficientes para hacer todo lo que el nuevo gobierno propuso en campaña. Se trata, sin duda, de una narrativa que busca ambientar y, desde luego, justificar la reforma tributaria a través de la cual se aumentarán los impuestos para recaudar más de $50 billones.

Seguramente los ministros designados tienen razón en sus afirmaciones, pero surge allí una pregunta: ¿acaso el presidente electo, Gustavo Petro, y quienes lo acompañaron en campaña, no conocían las condiciones financieras del país que buscaron gobernar? Obviamente, tanto el nuevo mandatario como quienes harán parte de su gobierno eran conscientes de que llegarían a administrar escasez y eso, precisamente, es lo que deben hacer, tratar de optimizar los recursos, priorizar proyectos e inversiones y, sobre todo, gastar con inteligencia y pulcritud, pero el costo del cumplimiento de las promesas de campaña no puede ser ahorcar a los colombianos con más y más impuestos.

¿De dónde saldrá, por ejemplo, el pago del impuesto a las bebidas azucaradas o el impuesto a los teléfonos celulares? Es obvio que no serán las fábricas de gaseosas ni los operadores de telefonía móvil los que asumirán esos gravámenes, sino que los costos tributarios que se adicionen serán trasladados a los consumidores finales, que son los colombianos de a pie.

En medio de un fenómeno inflacionario global, aumentar los impuestos puede causar un grave daño al bolsillo de los colombianos. En ese sentido, hay que pedirle al presidente Petro y a su equipo que hagan un esfuerzo administrativo y trabajen con lo que hay. Acá todos los gobiernos han entrado a administrar escasez, y ellos no serán la excepción.

Foto: Pixabay

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