En diferentes ciudades se han reportado escenas de largas filas protagonizadas por personas necesitadas del subsidio de Renta Ciudadana que han tenido que soportar interminables horas para acceder a la ayuda económica. Hay registros de este problema a lo largo y ancho del país: en Neiva, Cali, Cartagena, Montería, Barranquilla y Bucaramanga.

Lo que sucede con los giros para reclamar la renta ciudadana es un claro ejemplo del perjuicio que causan los dogmatismos.

Hasta hace poco, el pago de estos subsidios, otorgados por gobiernos anteriores, se efectuaba de manera fácil a través de una compañía de giros, pero el actual gobierno, inclinado hacia el intervencionismo estatal, se resiste a la intermediación de empresas privadas y decidió llevar a cabo los pagos mediante el Banco Agrario, una entidad pública que no cuenta con una red de oficinas acorde al volumen de beneficiarios y que, además, no está presente en muchos municipios, lo que implica que haya personas que tienen que desplazarse hasta la ciudad más cercana para efectuar el cobro.

Como es apenas obvio, esta indignante situación, que afecta a los colombianos más necesitados, le ha valido fuertes cuestionamiento a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, pero la funcionaria minimiza la gravedad de la situación y la atribuye a una campaña de desinformación, aunque las imágenes muestran claramente el caos reinante y las colas interminables que padecen quienes esperan el subsidio.

Esta lamentable situación revela una profunda falta de empatía y aviva los temores de aquellos países como Cuba y Venezuela, donde los más necesitados son sometidos a largas filas para acceder a ayudas estatales.

En lugar de basarse en dogmas anacrónicos, el gobierno del presidente Gustavo Petro debe buscar la eficiencia y trabajar conjuntamente con entidades que le ayuden a mejorar la atención a los ciudadanos, aunque sean privadas.

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