Por mucho que al Presidente le molesten las opiniones críticas frente al proceso de paz, estas son necesarias.

Aunque la facultad legal para dialogar y negociar con los grupos armados ilegales sea del Gobierno Nacional, todos los colombianos, a quienes afectará para bien o para mal lo que se acuerde con las Farc en La Habana, tienen derecho a opinar y a manifestar sus dudas y desacuerdos frente al proceso de paz.

En ese sentido, desconcierta que el propio presidente Juan Manuel Santos pretenda que no haya voces contrarias a las negociaciones con la guerrilla y que no se manifiesten cuestionamientos al manejo de los diálogos.

Por eso causó gran sorpresa que el Jefe de Estado, en un lenguaje que no va con la dignidad de su investidura, le pidiera al procurador Alejandro Ordóñez que “deje de meterse en el proceso de paz”.

Si todos los colombianos que tienen dudas sobre el proceso de paz están en todo el derecho a expresarlas, quienes ocupan cargos que deben velar por los ciudadanos, como el del jefe del Ministerio Público, están en la obligación de alertar ante propuestas, decisiones y acciones que se determinen en la mesa de diálogo que puedan ir en contra de los intereses nacionales.

Contrario a molestarse por los cuestionamientos, el Presidente debería escuchar a los críticos para evitar errores que puedan llevar al fracaso del proceso de paz o a un acuerdo malsano para la democracia colombiana.

Nada más dañino para un proceso como el que se adelanta con las Farc que silenciar a los opositores y a los críticos en busca del unanimismo.

Al Procurador y a todos los que en representación de los colombianos manifiestan sus inquietudes frente al proceso de paz hay que pedirles que, por el bien del país, no se callen.

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