Las elecciones libres son el pilar fundamental de cualquier democracia, y su normal realización es esencial para garantizar la participación ciudadana y la legitimidad de los gobiernos.

En este sentido, la noticia de que se han identificado 143 municipios de atención prioritaria, por razones de violencia, para las elecciones territoriales del 29 de octubre plantea la necesidad urgente de tomar medidas de seguridad para garantizar la normal realización de las votaciones.

Los municipios de mayor riesgo, según este informe, están ubicados en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Meta, históricamente afectados por conflictos armados y altos niveles de violencia.
En estas áreas, la presencia de grupos armados ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y disidencias de grupos desmovilizados ha generado un ambiente de inseguridad que amenaza la realización de unas elecciones libres.

La mayor preocupación es que las fuerzas ilegales coaccionen a los votantes y pongan en riesgo las vidas de candidatos y funcionarios electorales.

En este contexto, es fundamental que el gobierno nacional tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en estos municipios, con un despliegue adecuado de las Fuerzas Militares y de Policía que incluya medidas de prevención, monitoreo constante y protección a candidatos y votantes.

Uno de los casos más preocupantes es el de Tuluá, donde la campaña ha estado marcada por hechos violentos y amenazas.

Hace pocos días, ante el temor de que las elecciones se vieran afectadas, las autoridades anunciaron que no se retirará ninguna mesa de votación en este municipio. Así debe ser en todo el país.

Interrumpir las elecciones debido a amenazas de violencia equivaldría a ceder ante la intimidación de los grupos armados ilegales y debilitaría la gobernabilidad.

Hay que blindar las elecciones.

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